Innecesaria ley de mala praxis

Estrella de Panamá, 17 de marzo de 2018.

En nuestro país abundan las leyes para todo. Decía Montesquieu ‘las leyes inútiles debilitan a las necesarias’. Las leyes deben ser estrictamente necesarias y su contenido simple, claro, directo y accesible.

En el proyecto sobre humanización y mala praxis se indica que tiene por objeto la humanización del derecho a la salud, prestar atención a cuestiones relativas a la mala praxis en la gestión y atención en salud, por parte de todos los profesionales, técnicos y personal administrativo del sector salud que presten servicios en las entidades públicas y privadas, formales o informales, con o sin fines de lucro, y los que practiquen la medicina tradicional o medicina alternativa (art. 2). Se pretende humanizar la salud en atención de calidad y de calidez por parte de los profesionales de la salud, y en general consagrando el derecho a un trato digno para los usuarios del servicio de salud, es decir, que no sea un objeto, un número o un negocio, siguiendo una corriente legislativa de otros países, aunque también no puede obviarse que es necesaria la modernización de las estructuras sanitarias y un mayor presupuesto al respecto.

En cuanto a los profesionales de la Medicina, las tareas se asumen con compromiso y abnegación, y si no, para ello están las consecuentes responsabilidades fijadas ya en la legislación penal vigente, que incluyen también a otros profesionales (arquitecto, abogado, contador), por lo que la expresión ‘mala praxis’, empleada frecuentemente por el legislador, es un léxico que proviene del anglosajón ‘malpractice’, el cual no debe entenderse como un concepto exclusivo aplicado a los actos negligentes del médico, sino también a cualquier tipo de actuaciones negligentes de otros profesionales.

Este proyecto que parece novedoso porque quiere castigar la mala praxis, responde al clamor ciudadano que acude al legislativo ilusionado o engañado a solicitar que se ponga fin o se neutralicen estos actos, cuando sabemos que en esta ocasión o como en otras, se está utilizando el Derecho Penal como un instrumento político del legislador, y en segundo lugar, con fines de protección de bienes jurídicos. Así, por ejemplo, este proyecto insiste en castigar la mala praxis, cuando ya tenemos sanciones en la legislación penal para estos actos ilícitos que constituyen: el delito de homicidio culposo y las lesiones personales culposas.

El proyecto, entonces, crea falsas expectativas y tranquilidad en los ciudadanos, mientras, que en el rol legislativo satisfacción, pero además de ello, debe señalarse la deficiente técnica legislativa, el exagerado casuismo: definiciones dogmáticas inexactas, enumeraciones minuciosas innecesarias de la culpa (negligencia, inobservancia de reglamentos, culpa, impericia), y un listado incoherente de eximentes de culpa (vgr. estado de emergencia), que solo contribuyen a la inseguridad jurídica.

Finalmente, aclaro que hoy en día, por ejemplo, quien realiza mala praxis provocando la muerte de una persona es sancionado con pena de tres a seis años de prisión, mientras que la pena en el proyecto para quien presta servicios de salud, actuando con negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de normas técnicas o administrativas, es de prisión de cuatro a seis años.

CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL, UP.